La Federación Departamental de Ganaderos de Tarija se declaró en estado de emergencia debido a que los bloqueos de carreteras en el eje troncal del país impiden trasladar los animales hacia sus mercados habituales en el occidente boliviano. El ejecutivo del sector, Richard Flores, informó que los cortes de ruta localizados en La Paz, Oruro, Potosí y la urbe de El Alto obligan a los productores a retener el ganado en la región y comercializarlo exclusivamente en el mercado interno chapaco.
Esta retención forzada provocó una saturación de la oferta que empujó el precio del kilo gancho a la baja en los mataderos autorizados, registrando una caída de entre el 8% y 10% del valor regular (de cotizarse a 34 bolivianos, pasó a venderse entre 29 y 30 bolivianos, e incluso de 32 a 28 bolivianos según la calidad).
Sin embargo el representante señaló que esta rebaja en el eslabón primario es un escenario «engañoso» porque no se refleja proporcionalmente en las carnicerías de barrios.
Las métricas del movimiento pecuario exponen la magnitud del daño económico, ya que el sector moviliza habitualmente un promedio de 700 cabezas de ganado por semana para cubrir el consumo de Tarija y abastecer al norte de Potosí, las zonas mineras del altiplano, Oruro y Chuquisaca.
Sin embargo, la parálisis logística actual se encuentra doblemente agravada por una severa escasez de carburantes en las estaciones de servicio regionales, lo que impide que los camiones de alto tonelaje consigan el diésel necesario para transportar los animales. De acuerdo con el análisis de la federación, esta combinación de factores consolida un perjuicio financiero estructural para toda la cadena productiva, cuya reversión y recuperación económica general demandará un largo periodo de estabilización para el país.
Finalmente, el sector productivo de Tarija lanzó una dura crítica contra las corporaciones sindicales, la Central Obrera y los comités de huelga que promueven los cercos viales en las carreteras principales, argumentando que, si bien las organizaciones sociales suelen esgrimir pliegos petitorios con demandas inicialmente legítimas, la persistencia intransigente del conflicto por más de 40 días demuestra que las movilizaciones han mutado hacia una agenda netamente político-partidaria orientada a generar desestabilización.
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