La Gobernación de Tarija inició gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para reprogramar una deuda institucional que alcanza aproximadamente a los 1.000 millones de bolivianos, mediante su incorporación al Programa de Desempeño y Readecuación Financiera (PDRF).
El secretario departamental de Economía, Fernando Romero Torrejón, informó que la administración departamental ya presentó una solicitud oficial de adhesión acompañada de un diagnóstico financiero. Se espera que el Gobierno nacional emita una respuesta concreta hasta la próxima semana.
La autoridad explicó que la intención no es conseguir la condonación del capital ni de los intereses, sino ampliar los plazos de pago para reducir el peso de las cuotas mensuales y permitir que la Gobernación disponga de mayores recursos para ejecutar proyectos de inversión.
“ No queremos ser solamente una gestión que se dedique solo a pagar sueldos y salarios, deudas, sino también invertir, que es parte de la dinámica de la gestión”, manifestó Romero.
Más del 80% de la deuda corresponde al FNDR
Según los datos proporcionados por el secretario, más del 80% de los pasivos de la Gobernación con el sistema financiero público y privado corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Romero indicó que solamente durante este año se cancelaron cerca de 40 millones de bolivianos a esa entidad.
La incorporación al PDRF implicará que la Gobernación asuma compromisos de ajuste fiscal y cumpla metas verificables ante el nivel central del Estado.
Regalías y procesos judiciales
Respecto a los ingresos departamentales, Romero señaló que el Gobierno nacional está cumpliendo con las transferencias de regalías hidrocarburíferas, que promedian más de 25 millones de bolivianos mensuales.
Sin embargo, observó que durante los últimos dos meses los desembolsos se realizaron casi a fin de mes, pese a que el compromiso era efectuarlos a mediados de cada periodo.
El secretario también aclaró que los 1.000 millones de bolivianos de deuda institucional no incluyen los procesos judiciales derivados de contratos mal resueltos en anteriores gestiones. Entre esos litigios figura una demanda próxima a resolverse que podría obligar a la Gobernación a pagar otros 6 millones de bolivianos.
La reprogramación financiera busca aliviar las obligaciones económicas de la institución departamental, aunque estará condicionada al cumplimiento de las medidas de ajuste que establezca el Gobierno nacional.






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