La Defensoría del Pueblo presentó este sábado el cuarto Reporte de Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción, correspondiente entre el 20 de junio y el 3 de julio, en el que destaca el funcionamiento progresivo de servicios esenciales y el respeto de las garantías constitucionales y del debido proceso durante las medidas extraordinarias.
“En el marco de las verificaciones realizadas, la institución constató el funcionamiento progresivo de servicios esenciales, entre ellos el transporte interdepartamental, los establecimientos de salud y el abastecimiento de combustibles”, señala el reporte.
El documento da cuenta de las acciones desarrolladas por la institución para verificar el respeto de los derechos humanos, el funcionamiento de servicios esenciales y las actuaciones estatales en el marco del Decreto Supremo 5636, que establece el estado de excepción.
El reporte también señala que, con información consolidada al 3 de julio, no se registran puntos de bloqueo activos que afecten la libre circulación en la Red Vial Fundamental.
En cuanto al abastecimiento de carburantes, la Defensoría identificó dificultades puntuales relacionadas con la distribución de diésel y la alta demanda en estaciones de servicio, aspectos sobre los cuales indicó que se promovieron acciones de coordinación entre las entidades competentes.
Por otro lado, afirmó que en las dependencias policiales se verificó el respeto de las garantías constitucionales, el debido proceso y la situación jurídica de las personas.
“Como parte de su labor de vigilancia, la Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a ocho personas aprehendidas durante la vigencia del estado de excepción, verificando el respeto de las garantías constitucionales, el debido proceso y la situación jurídica de cada caso”, resaltó.
Además, indicó que las inspecciones efectuadas no evidenciaron la existencia de personas arrestadas o aprehendidas al momento de las verificaciones.
La institución señaló que mantendrá el monitoreo permanente en las zonas donde anteriormente se registraron hechos de conflictividad, con el propósito de verificar el respeto de los derechos humanos y advertir oportunamente cualquier situación que pudiera afectar a la población.
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