La Gobernación de Tarija planteará al Gobierno de Rodrigo Paz la instalación de una mesa bilateral para abordar los problemas específicos del departamento, paralelamente a las negociaciones que mantienen las nueve gobernaciones sobre el nuevo pacto fiscal y la redistribución de recursos.
La propuesta surge luego de la reunión que el presidente Paz sostuvo en La Paz con siete de los nueve gobernadores, encuentro en el que se acordó continuar trabajando en la denominada agenda 50-50, con nuevas mesas técnicas desde el próximo lunes 5 de octubre y una nueva reunión de gobernadores prevista para el 12 de octubre en Cobija.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, no participó de la reunión por problemas de agenda, pero la Gobernación informó que respalda los avances alcanzados y la posición común de las regiones respecto a una mayor descentralización, redistribución de recursos y revisión de competencias.
Sin embargo, Tarija considera que algunos de sus problemas requieren una discusión específica con el Ejecutivo. Por ello, la Gobernación busca una reunión directa con Paz para analizar la situación financiera departamental y establecer con claridad qué obligaciones corresponden al Gobierno central y cuáles deben continuar siendo asumidas con recursos de la Gobernación.
Uno de los ejes de la negociación nacional es la propuesta para que las gobernaciones reciban el 15% de la coparticipación tributaria correspondiente a determinados impuestos contemplados en la Ley Marco de Autonomías. Esta propuesta deberá ser trabajada primero en las mesas técnicas y posteriormente traducida en una propuesta normativa y presupuestaria.
La agenda también contempla modificaciones a la Ley 154, relacionada con la clasificación de impuestos y los tributos de dominio de los gobiernos autónomos departamentales, además de una futura Ley Básica de Relaciones Internacionales que permita a las gobernaciones gestionar cooperación y recursos internacionales dentro de sus competencias.
Para Tarija, el debate tiene una importancia particular debido a la reducción de los ingresos vinculados al sector hidrocarburífero y a las obligaciones que mantiene la Gobernación. La administración departamental plantea que una eventual redistribución de recursos debe ir acompañada de una revisión de las competencias que tienen los gobiernos subnacionales y de las fuentes de financiamiento disponibles.
Entre las demandas particulares de Tarija figuran además temas relacionados con generación eléctrica, caminos, seguridad e hidrocarburos, asuntos que la Gobernación pretende incorporar en la negociación bilateral con el Ejecutivo.
Mientras tanto, la denominada Ley de Retorno Económico representa un alivio parcial para las gobernaciones. La norma establece que desde 2026 el nivel central asumirá el financiamiento de los prediarios y del funcionamiento del régimen penitenciario, además del bono de vacunación a través del Ministerio de Salud. El Gobierno calculó que estas medidas generarán un alivio aproximado de Bs 209,5 millones para los gobiernos departamentales.
La Gobernación de Tarija considera, sin embargo, que estas medidas no resuelven de fondo el problema financiero departamental. La discusión ahora se traslada a las mesas técnicas y a la posibilidad de que Tarija abra una negociación propia con el Gobierno para resolver sus demandas específicas.
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